Derechos humanos en riesgo

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Derechos humanos en riesgo

Comienza el torneo de vencidas. Derechos humanos en riesgo. El punto de quiebre llegó para los operadores del Sistema de Justicia Penal (SJP).

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Nuestro Sistema de Justicia Penal (juicios orales incluidos) atraviesa un momento crucial, quizás el más complejo desde 2008, año de la reforma. El universo de promotores del SJP tiene muy claro que el respeto a los derechos humanos (debido proceso, presunción de inocencia, acceso a la justicia, entre otros) llegó para quedarse; al menos en el ideal y en la aspiración procesal.

Sin embargo, los detractores del modelo juran que el SJP, tal y como lo conocemos ahora, tiene sus horas contadas. Los enemigos del sistema aseguran que la situación de inseguridad que vive el país requiere de acciones mucho más agresivas para combatir a la delincuencia y que la llamada “puerta giratoria” debe parar.

Y mientras son peras o manzanas, las cifras oficiales muestran que la impunidad es prácticamente plena luego de la reforma penal de 2008: el promedio nacional de impunidad directa en el ámbito estatal (los casos que conocen las autoridades) es de 96.14%, mientras que en el ámbito federal es de 94.6%.

Otra estadística relevante: 47.2% de las investigaciones a nivel nacional que fueron vinculadas a proceso continúan en trámite ante el juez de control. Mientras que en el ámbito federal, 48% de los procesos se encuentra entre investigación complementaria y audiencia intermedia. Vale mencionar que de todas las investigaciones iniciadas en el país en 2018, 94.3% fue del fuero local, mientras que 5.7% inició en el orden federal.

Más leña al fuego

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), Baja California Sur tiene la tasa más alta de agencias del Ministerio Público, con 11.1 por cada 100,000 habitantes, seguida de Colima, con una tasa de 9.9, y Zacatecas, con 7.5.

En contraste, en Veracruz no existe ni siquiera una agencia del Ministerio Público (MP) por cada 100,000 habitantes, pues tiene una tasa de 0.3. Otras entidades, como el Estado de México (1.1), Puebla (1.1) o Yucatán (1.4), entre otras, apenas rebasan la tasa de una agencia. ¿En resumen? El promedio nacional es de 2.8 agencias del MP por cada 100,000 habitantes.

La ampliación al catálogo de delitos incluidos en el artículo 19 de nuestra Constitución, también desató polémica entre promotores y detractores del SJP. ¿La manzana de la discordia? La prisión preventiva oficiosa inherente a dicha reforma, un tema que golpeó directo a la presunción de inocencia y que resulta incompatible con un modelo acusatorio.

A todo lo anterior debemos sumarle el gran interés que tiene Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), y Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República, por llevar a cabo una reforma amplia tanto en la Constitución como en las leyes relacionadas con la procuración de justicia (al cierre de esta edición, los funcionarios aún no presentan su propuesta al Senado).

Las tensiones entre los diferentes poderes de la República son inocultables. Por un lado, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), expresó que no avalará una reforma penal dura, y menos aún si el Poder Judicial no es considerado para llevarla a cabo.

Por el otro, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, les pide a todos los involucrados que hablen y hagan consensos antes de presentar su propuesta a la Cámara Alta. La moneda está en el aire. El resultado es de pronóstico reservado.