Derecho a la salud. Columna de Sergio Sarmiento

¿Cuánto ha servido la creación del derecho “universal” en nuestro país? Aquí la respuesta del columnista.

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Nuestros políticos han plasmado en la Constitución el “derecho a la salud”, el cual se ha unido a otros supuestos derechos que no se cumplen. Crear derechos no ayuda a que estos se vuelvan realidad. La generosa invención tiene incluso consecuencias negativas porque impide que se planteen metas realistas y medidas pragmáticas para lograrlas.

            No creo que exista realmente un derecho a la salud. Los seres humanos luchamos constantemente contra enfermedades y lesiones para preservar nuestra salud. Casi todos los países del mundo han tratado de construir sistemas que preserven la salud de la población, pero los resultados han sido muy diversos. Algunos, como Dinamarca y Canadá, tienen sistemas de calidad y eficientes; otros, como Estados Unidos, cuentan con esquemas buenos pero caros; otros más, como México, poseen sistemas con buenas intenciones, pero enormes deficiencias.

            Una de las razones de los problemas del sistema de salud de nuestro país es que se han creado instituciones distintas, con calidades discrepantes y mal financiadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue la primera gran institución no sólo de salud sino de seguridad social en el país. Esta institución proporcionaba servicios a los empleados y trabajadores de empresas privadas. Después surgió el ISSSTE, para trabajadores del sector público federal, y los institutos para quienes laboraban para los gobiernos de los estados. Tenemos también las dependencias de la Secretaría de Salud, antes Salubridad y Asistencia, más los institutos de salud de Pemex y de las Fuerzas Armadas. Después se añadió el Seguro Popular, que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha descartado para crear el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI.

            La multiplicación de instituciones no ha ayudado a mejorar la calidad. En los últimos años el servicio en las instituciones públicas se ha venido deteriorando. Cada vez se hacen más largas las esperas para recibir tratamientos o intervenciones quirúrgicas, cada vez escasean más los medicamentos, mientras el gobierno dedica menos recursos a las instituciones de salud. Ante las crecientes carencias de las instituciones públicas, muchas familias tienen que acudir a servicios privados, a pesar de que esto puede acabar con su patrimonio.

            El presidente López Obrador ha anunciado que la rifa del avión presidencial servirá para levantar recursos y comprar equipo médico. Pero esta no parece ser una manera sana de financiar en el largo plazo un sistema público de salud. No siempre habrá activos que vender.

Lo mejor es tener un sistema fiscal sano que cubra los gastos de los servicios de salud de manera previsible y suficiente.

Es lo que hacen Dinamarca y Canadá, los países que el presidente ha usado como ejemplos. Ninguno vende aviones para obtener recursos para adquirir equipo médico.

            La multiplicidad de esquemas genera costos adicionales y desigualdades. Lo ideal sería construir un sistema nacional que preste servicios de salud de buena calidad y de manera equitativa. Los servicios y medicamentos no tienen que ser “gratuitos”. No hay nada gratis en la vida. Es justo que haya copagos y reaseguros, como sucede en muchos países desarrollados, de quienes tienen recursos. Lo importante, sin embargo, es financiar de manera sostenible una red de salud y seguridad para quienes menos tienen.

            Crear derechos artificiales no ayuda en nada. Colocar en la Constitución el derecho al agua, a la vivienda o a la salud no ha servido para darnos un mejor nivel de vida. Al contrario, esto se convierte en un obstáculo porque genera la idea de que los derechos caen del cielo. Por eso es importante establecer metas claras, y no derechos, y tomar medidas prácticas para volverlas realidad.

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