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Te lo juro: ¡yo no fui! Así dirían las empresas, al más puro estilo de Pedro Infante.

pxhere.com 5/nov/2019
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Algunos expresan que sí, otras aseguran que no. Pero la verdad es que la responsabilidad penal de las “personas jurídicas” es una realidad legislativa a todos los niveles (internacional, regional y nacional). Pues dicho concepto encierra una idea clave: las personas jurídicas pueden delinquir y, en consecuencia, enfrentar un juicio de imputación penal.

Digamos que es una amarga necesidad, pues resulta del pragmatismo que impone la existencia de empresas con auténtico “espíritu criminal”, donde sus integrantes se escudan en ella para la comisión de delitos.

A decir de distintos autores, la responsabilidad penal de la persona jurídica nace a partir de la comisión de un delito por parte de una persona física vinculada a la empresa. También por una configuración organizativa defectuosa, inexistente o inadecuada, o por una ineficaz autorregulación. La culpabilidad igual nace de una cultura corporativa deficiente en cuanto al cumplimiento de las normas legales.

“La realidad criminológica pone de manifiesto que empresas que están en el tráfico económico lícito sirven en demasiadas ocasiones de cobijo para la comisión de hechos delictivos, en tanto les generan beneficios, sobre todo, grandes corporaciones que han perpetrado fraudes de escandalosas cifras”, asegura Fernando Navarro Cardoso, investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

A ello se suma, como otro fundamento político-criminal de la promoción de la imputación penal a la empresa, el fracaso de la apuesta por la autorregulación, agrega el especialista.

A decir de Navarro, “tiene sentido la imposición de penas, en tanto se satisfacen los fines preventivos que están llamadas a cumplir. Se trataría de motivar a la persona jurídica a través de quienes ostentan su poder ejecutivo para que implementen políticas de organización interna que eviten la comisión de delitos en su seno o, cuando menos, de detectarlos si dicha comisión ha tenido lugar. Que haga realidad la autorregulación a través de programas de cumplimiento normativo por ellas implementados”.

Para tomarse en serio

Diferentes autores mencionan que la ausencia de responsabilidad de la persona jurídica vendrá dada porque la empresa demostró que tenía implementadas las medidas de organización necesarias para prevenir la comisión de delitos en su organización. Estaría en posibilidades de decir, al más puro estilo de Pedro Infante, “yo no fui”.

“Pero… primero, cómo sostener que las medidas eran eficaces si se cometió un delito en su seno. Segundo, cómo alcanzar la exención de responsabilidad si es su propio poder ejecutivo quien decide la comisión del hecho delictivo”, pregunta Fernando Navarro.

A todo lo anterior valdría la pena agregar el riesgo de que los jueces y tribunales ocupen el lugar de legisladores o de científicos del Derecho al plasmar en sus sentencias una serie de ideas que vayan mucho más allá del sentido de la norma y de su estricta interpretación para la resolución del caso concreto.

Por todo lo anterior, a grandes rasgos, queda claro que vendrán tiempos complejos para las compañías, directivos y la potencial responsabilidad penal que pende sobre las cabezas de las mujeres y los hombre