Te puede interesar

Ovnis: ¿la leyenda adquiere cuerpo?

Secretos de las pirámides mexicanas

El Celular, su majestad

Perú: el país que encarcela a sus presidentes

El país sudamericano ha sentado precedente al llevar a juicio a las máximas figuras de su clase política. La medida es aplaudida por el grueso de la sociedad, pero no exenta de costos a mediano plazo. Dos conocedores explican el porqué.

 

“¿A quién apresaron hoy?”, se ha vuelto la expresión infaltable en las conversaciones cotidianas entre peruanos que observan atentos, entre sorprendidos y entusiastas, el alcance de la investigaciones que desde 2016 lleva a cabo el Poder Judicial de su país para exigir cuentas a funcionarios y ex funcionarios públicos de primer nivel, dirigentes partidistas de todo signo e importantes empresarios.

Todos están presuntamente involucrados en redes de corrupción que implicaron abuso de poder, tráfico de influencias, sobornos y sobrecostos, entre otros delitos, motivo de quebrantos multimillonarios en dólares al erario.

Dos ejemplos, al momento de escribir este informe, la justicia peruana daba cuenta de la detención del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) en la ciudad estadounidense de San Francisco, en la que se encontraba prófugo.

Poco antes, un juez había dictado prisión preventiva por 18 meses contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada de haber recibido sobornos por unos 10 millones de dólares.

Juicios televisados

Al mismo tiempo, proseguía el juicio que se les sigue al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, exdirigente del Partido Político que lo llevó al poder, por haber recibido más de tres millones de dólares de distintos “patrocinadores”, entre ellos, el gobierno venezolano. Los fiscales han pedido 20 años de prisión para Humala y 26 para Heredia.

¿Algún sector político se ve beneficiado por estas capturas? Realmente no, si se toma en cuenta que la justicia ha sido implacable incluso con la líder de la oposición, Keiko Fujimori, quien ha dejado su celda solamente para ir a visitar a su padre, el exdictador Alberto Fujimori, preso también, aunque por causas distintas al actual proceso anticorrupción.

Este panorama podría llevar fácilmente a concluir que Perú está encarcelando a toda su clase política. ¿Qué ocurre realmente en el país sudamericano?

Primeros pasos

“Perú está dando un paso gigante hacia adelante para dar mayor transparencia a su administración pública” comenta el economista Óscar Ugarteche, para quien el Poder Judicial de Perú está demostrando una fortaleza solamente comparable con la que tuvo a principios de este siglo cuando desmontó el entramado de corrupción tejido por el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Ugarteche sabe del tema porque coordinó la comisión parlamentaria que indagó los delitos económicos y financieros cometidos por aquel régimen.

Para entender lo que ocurre ahora en Perú, el exfuncionario se remonta a cinco años atrás, cuando en Brasil explotó el caso Odebrecht y se supo que la constructora había destinado millones de dólares tanto en el gigante sudamericano como en otros 27 países, incluido México, para asegurarse ventajosos contratos.

“El Poder Judicial de Perú tomó más en serio las acusaciones y para diciembre de 2016 tuvo pruebas suficientes para hacer las primeras detenciones”, rememora el sociólogo Alberto Adrianzén, consultor político y director de la revista Quehacer.

“Los fiscales pronto pusieron en evidencia una verdadera constelación de delincuentes que implicaba a toda la clase política, como también a otros sectores de la sociedad peruana. Su decisión de indagarlos a todos les ganó amplio respaldo popular”, explica.

En aquel momento directivos de Odebrecht en Lima, encabezados por su superintendente Jorge Barata, firmaron un acuerdo de colaboración eficaz con la justicia peruana. A cambio de que sus representantes no fueran juzgados en el país andino porque ya enfrentaban cargos en Brasil, reconocieron que entre 2005 y 2014 habían repartido unos 29 millones de dólares entre funcionarios públicos, empresarios y políticos, ya fuera en coimas o aportes en campañas electorales (en Perú no existe financiamiento público para partidos).

A partir de esos datos se han abierto 38 pesquisas que involucran a 250 personas, comenzando por tres exmandatarios: Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

De acuerdo con Ugarteche, actualmente académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la investigación de un periodo tan extenso permitió que en 2017 quedaran al descubierto las relaciones poco claras que había sostenido el presidente en funciones Pedro Pablo Kuczynski, en tiempos en que fue ministro de Economía y Finanzas (2004 y 2005).

El asunto provocó la renuncia de Kuczynski en marzo de 2018, justo cuando el Congreso se preparaba para destituirlo.

Justicia ciega

El equipo de fiscales anticorrupción, coordinados por el jurista Rafael Vela Barba, incrementó su credibilidad cuando en octubre pasado logró la detención de la todopoderosa líder de la oposición Keiko Fujimori, cabeza del partido Fuerza Popular y quien, a pesar de contar con mayoría parlamentaria, no pudo frenar las investigaciones sobre el financiamiento con dinero ilícito de sus dos campañas electorales en pos de la presidencia peruana, una en 2011 y otra en 2016.

Fujimori quedó en prisión preventiva por un lapso de 36 meses, tiempo solicitado por la fiscalía para concluir sus investigaciones. Por lo pronto está sustentado que Odebrecht le hizo llegar 1.2 millones de dólares.

Alberto Adrianzén considera que lo más positivo del esfuerzo llevado a cabo por el Poder Judicial de Perú es que no se ha limitado a indagar los casos vinculados con los aportes ilegales de Odebrecht, sino los de otros grupos empresariales e incluso ha hurgado en el financiamiento a dirigentes políticos y sus organizaciones, sacando a relucir tanto dinero de gobiernos extranjeros, como del crimen organizado.

Por su parte, Ugarteche señala que esta cruzada también está sacudiendo al sector empresarial peruano, sobre todo cuando ha tocado a uno de sus principales representantes, José Graña Miró Quesada, expresidente de la firma Graña y Montero (el equivalente peruano de la mexicana ICA), y quien declaró haber dado 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo, a cambio de ganar la licitación para construir importantes tramos carreteros en el sur del país.

La decisión con que Perú está combatiendo la corrupción ha impactado favorablemente a su economía que, para sorpresa de algunas consultoras, se expandió 4% en 2018 y con la expectativa de mantener el ritmo durante 2019, según el Fondo Monetario Internacional.

No han faltado momentos dramáticos como el suicido de uno de los inculpados, el expresidente Alan García, acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y colusión. Después de fracasar en su intento de asilarse en la embajada de Uruguay en Lima, el político prefirió quitarse la vida antes que dar cuenta de 24 millones de dólares que había recibido a través de varios testaferros.

Poca transparencia

Perú alcanzó el lugar 105 entre 180 naciones evaluadas en el más reciente reporte de Transparencia Internacional (TI).

Esta posición lo dejó muy lejos de Chile (27), un referente latinoamericano en materia de transparencia, pero estuvo en un rango cercano a Colombia (100), Brasil (105) y Ecuador (114).

El país andino se ubicó 33 escalones arriba de México (138).

Lo que viene

Hoy por hoy, en ningún otro lugar el sistema de justicia ha avanzado tanto contra la mayor estructura de corrupción en la historia del continente americano, pero este esfuerzo trae consigo riesgos para el mediano plazo, coinciden los entrevistados.

Ugarteche señala que la cruzada anticorrupción no puede contentarse con los encarcelamientos, debe resarcir al erario lo más posible de lo desviado. Un dato positivo es que Odebrecht se ha comprometido a entregar 228 millones de dólares en 15 años, más otros 450 millones si se le permite participar nuevamente en licitaciones públicas.

Otro detalle favorable es que al actual presidente, Martín Vizcarra, ha promovido una comisión para desarrollar una reforma política y modernizar el funcionamiento de las instituciones.

“Lo más importante recae en que Perú está sentando un precedente que podrían seguir otros países latinoamericanos que han renunciado a combatir la corrupción por temor a generar inestabilidad o tener una mala imagen en el exterior”, opina Ugarteche.

Por su parte, Adrianzén señala que su país debe fortalecer su esquema jurídico no sólo para sancionar sino para evitar nuevos casos de corrupción. La complicidad entre funcionarios y contratistas permitió que obras públicas mal hechas multiplicaran su costo siete veces.

No hay garantías de que esto no se presente en el futuro.

Mientras Ugarteche aprueba la atención mediática que han recibido las investigaciones, Adrianzén advierte el riesgo de que terminen convertidas en mero espectáculo. Al mismo tiempo, el director de la revista Quehacer insiste en que el equipo de fiscales debe ser más cuidadoso con el uso de la prisión preventiva por 36 meses para algunos inculpados, como el octogenario expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Las investigaciones deben avanzar más aceleradamente porque meter a la cárcel a todo mundo puede terminar por destruir ya no sólo a la clase política, sino a la democracia peruana que no ha sido capaz de construir un sistema sólido de partidos en dos décadas”.

Perú necesita nuevos liderazgos y no tiene mucho tiempo para construirlos. “Faltan menos de dos años para las elecciones generales y hasta ahora solamente un cómico se ha mostrado interesado en competir por la Presidencia, y no faltan quienes le conceden amplias posibilidades”, apunta Adrianzén.

Bajo sospecha en Perú

Cinco de los seis más recientes expresidentes peruanos, cuyos mandatos suman 32 años, están enfrentando a la justicia por asuntos relacionados con la corrupción.

Expresidente                      Periodo                    Situación legal

Alan García                          1985-1990               Se suicidó para evitar su captura.

2006-2011

Alberto Fujimori*                1990-2000               Purga condena.

Alejandro Toledo                2001-2006             En proceso de extradición.

Ollanta Humala                  2011-2016               Enjuiciado. Fiscales piden 20 años de prisión.

Pedro Pablo Kuczynski     2016-2018               Bajo arresto domiciliario.

*Los delitos imputados a Fujimori no tienen que ver con Odebrecht.

 

Por Pedro C. Baca