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Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, asumió, meses ante de su toma de posesión, una posición protagónica con respecto al actual mandatario.

 

En el pasado, los presidentes electos mantenían una posición de silencio y respeto al mandatario todavía en funciones. Incluso medidas tan disparatadas como la nacionalización de la banca que José López Portillo hizo a tres meses de terminar su sexenio, no fueron cuestionadas por un Miguel de la Madrid que sabía que tendría que lidiar con las consecuencias. Los presidentes en funciones, por otra parte, recorrían el país en sus últimos días de gobierno, inaugurando obras con frenesí, a veces sin concluir, para mandar el mensaje de que su sexenio había sido el mejor de todos.

Las cosas han sido muy distintas en este 2018. Por una parte, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha asumido una posición protagónica, anunciando sus proyectos ante los medios como si ya se encontrara en Palacio Nacional. Por la otra, el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, se ha mostrado discreto y silencioso, como si ya hubiera cedido el poder.

Algunos de los adelantos que López Obrador está ofreciendo sobre las medidas que aplicará en su gobierno son, sin embargo, inquietantes. Por un lado, dice que va a aplicar medidas de austeridad y promete que va a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios. Por otro lado, afirma que va a dispersar las oficinas de las dependencias de la administración pública federal por todo el país, un proyecto que seguramente costará mucho más que todos los ahorros que pretende lograr y para el que no hay ninguna razón lógica, ya que la dispersión de oficinas solamente ayudará a disminuir la eficiencia del gobierno.

López Obrador afirma que va a impulsar una mayor producción agrícola con el ánimo de volver al país autosuficiente en los productos que consume, pero declara también que no permitirá el cultivo de semillas transgénicas, que han permitido una mayor productividad en las cosechas de los grandes países productores. De igual manera, declara que quiere multiplicar la producción de petróleo crudo y de gas en el país, al mismo tiempo que afirma que no permitirá la producción por fractura hidráulica, o fracking, que es la que ha impulsado el espectacular aumento en la producción de Estados Unidos, país que tiene características geológicas muy similares a las de México.

En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, afirma que hará que renazca la generación de electricidad al mismo tiempo que promete a los usuarios morosos perdonarles 43,000 millones de pesos. López Obrador dice que va a construir infraestructura para mejorar la productividad del país y generar empleos, pero al mismo tiempo mantiene la idea de detener la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la mayor obra de infraestructura del gobierno saliente y una que resulta realmente indispensable.

La historia nos dice que es más fácil hacer campaña que gobernar, porque al gobernar se enfrenta uno siempre a las realidades de la economía. López Obrador todavía no está gobernando, pero tampoco debería estar ya en campaña. Las políticas públicas que está anunciando desde su casa de campaña, convertida ahora en una especie de sede de gobierno de transición, son, sin embargo, contradictorias. Siguen pareciendo promesas de campaña, más que medidas de un gobierno que quiera realmente construir una mayor prosperidad para el país.

López Obrador, no obstante, está viviendo una verdadera luna de miel. Desde su elección, el peso se ha fortalecido frente al dólar y la confianza de los consumidores registró en julio la mayor alza en la historia, de 14.8%. Quizá la realidad imponga una evaluación más realista a partir del 1 de diciembre, cuando López Obrador empiece a aplicar sus políticas. Pero de momento su entusiasmo está teniendo consecuencias positivas en el ánimo del país.