La corrupción en México: ¿Podemos combatirla?

La corrupción sí se pude combatir.

  • “El que no transa no avanza”, es una frase que ha permeado en la cultura nacional. Afortunadamente, los mexicanos ya no estamos dispuestos a cargar con este cáncer que pone en riesgo la viabilidad del país.

 

Por Mariana Chávez Rodríguez 

I: Reconocer el problema

En diciembre de 2013 durante una reunión escolar, David R. contó orgulloso a los padres de los compañeros de su hijo, cómo la constructora para la que trabajaba había logrado construir un par de edificios habitacionales en el Distrito Federal eludiendo la tramitología que les resultaba fastidiosa.

Algunos aplaudieron la acción, pero hubo quien le cuestionó: “¿También evadiste las inspecciones que garantizan la seguridad de la obra y la vida de los próximos habitantes?”. David no supo qué responder.

Relatos como el anterior son parte de las noticias que todos los días ilustran las corruptelas en las instancias gubernamentales, desfalcos por parte de  gobernadores y alcaldes, excesos cometidos por dirigentes de partidos políticos. La lucha contra la corrupción apenas empieza y los costos económicos y políticos son su principal motivación para que no decaiga el esfuerzo.

“La corrupción es un cáncer que enferma la cultura, la economía, la democracia y pone en riesgo la viabilidad de un país”, apunta el filósofo Alejandro Tomasini Bassols, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y autor del artículo Reflexiones sobre la corrupción en México, quien agrega que si bien prácticamente es inherente a todo sistema político, ciertas condiciones la promueven o la frenan:

“La población de un país esclavizado la requiere para sobrevivir; durante la Colonia los impuestos excesivos orillaban a la gente al soborno. Terminando la crisis, la legalidad impera, pero aquí se enquistó. Por esta razón, eliminarla de raíz es un objetivo a largo plazo, pero sí se puede controlar, disminuir y acotar. Se requiere un esfuerzo gubernamental sistemático, serio e integral. Las líneas de acción deben encaminarse a 4 áreas: jurídica, política, económica y educativa”, advierte el académico.

La otra gran fuerza es la participación social, agrega David Arellano Gault, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien afirma que “México está listo”.

II: Más allá de las leyes

En enero de 2012 la psicóloga Layda Erika Cárdenas Canto fue despedida de una preparatoria técnica de Mérida, Yuc., bajo el argumento de que la institución carecía de recursos. Mientras encontraba trabajo se asoció con un grupo de compañeros y formaron la asociación civil Información Accesible y Rendición de Cuentas para aclarar ésta y otras irregularidades. Se pusieron en contacto con Ciudadanos por los Municipios Transparentes (CIMTRA), colectivo que al igual que ellos buscan la transparencia en municipios y congresos locales. Cárdenas Canto quedó al frente de la coordinación de la evaluación CIMTRA en los municipios de Yucatán.

“La resistencia fue mucha. Me preguntaban que quién era yo para solicitarla, a lo que respondía: una ciudadana interesada en la rendición de cuentas”.

Cárdenas concluyó que en 94% de los 106 municipios yucatecos no existe completa disponibilidad de la información que por obligación deben publicar. Mérida sí la ofrecía, de ahí que pasó a formar parte de la lista de municipios más transparentes. La inercia llegó hasta Cuncunul, Motul y Valladolid, que se acercaron para cumplir con los indicadores solicitados por la ley y aun superarlos, ofreciendo datos sobre licitaciones, viáticos, autorización de construcciones, cambios de uso de suelo, etcétera.

“Esto fue posible gracias a que confluyeron dos factores: un gobierno dispuesto y ciudadanos exigentes”, aclara Cárdenas Canto.

Los entrevistados coinciden que en la reciente década el país comenzó una transformación en la búsqueda de un sistema de gobierno eficaz y de rendición de cuentas, con reformas a la ley hacendaria, la creación de la ley de transparencia y la del servicio profesional de carrera.

Recientemente se aprobó la Ley Federal Anticorrupción, que echa a andar un órgano autónomo en la materia (La comisión anticorrupción) que se plantea tendrá libertad constitucional y facultades para prevenir, investigar y sancionar por la vía administrativa los actos que cometan servidores públicos corruptos, de las entidades federativas, estatales y municipales, así como ciudadanos.

 

Definiendo la estrategia.

Para David Arellano Gault, doctor en Administración Pública, puede definirse en dos sentidos: atacar las grandes redes de corrupción, camino muy costoso y tardado, pues se requiere de un trabajo coordinado entre varias instituciones y mucha labor de inteligencia. O bien, atajar los pequeños actos como el soborno, que ofrecería resultados en 3 o 4 años y tendría un mayor impacto en la población.

“Ambas estrategias serían buenas, las dos al mismo tiempo, pero eso significa estar dispuestos a pagar los costos políticos y económicos, pues de nada sirve que haya leyes y organismos si la impunidad persiste”, lamenta Arellano Gault.

México, por ejemplo, cuenta con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que prevé sanciones (amonestación, suspensión, destitución y castigo económico) a funcionarios.

“Hasta la fecha sólo ha perseguido los delitos que son más fácil de observar y las sanciones están muy lejos de ser vistas como un instrumento para mandar mensajes disuasivos”, critica Arellano Gault, autor del ensayo ¿Podemos reducir la corrupción en México? (ver recuadro Sanciones administrativas en México).

Es importante que además no existan excepciones, que involucre a todos los niveles y funciones de gobierno, a los Congresos, Poder Judicial, órganos autónomos, sindicatos y ejecutivos de toda la federación y empresarios.

“En Estados Unidos la corrupción hizo caer al presidente Richard Nixon; en Inglaterra el ministro Chris Huhne se vio obligado a renunciar tras revelarse que eludió una multa de tránsito; en Francia el ministro Hervé Gaymard, dimitió cuando se supo que tenía una lujosa vivienda por encima de sus ingresos. El fuero debe caer ante el incumplimiento de la ley”, resalta por su parte, Eduardo López Chávez, profesor de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana (UP).

“No se trata únicamente de castigar a unos cuantos. México ya lo ha hecho con Elba Esther Gordillo, Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, Raúl Salinas de Gortari. Se trata de la elaboración de los instrumentos legales apropiados para acotar actos corruptos en lo macro y en lo micro, para transformar la cultura de corrupción”, señala Tomasini Bassols.

¿Cómo detectar los actos corruptos en un país que ha desarrollado los mecanismos para evitar ser observado, eludir la vigilancia y burlar la supervisión?

Para Arellano Gault, los medios principales que pueden generar el comienzo de un proceso disciplinario y administrativo en contra de un servidor público, son las quejas, las denuncias y las auditorías.

“Las auditorías no son un mecanismo exprofeso para detectar la corrupción, pero da indicios. Pugnaría por las auditorías forenses, que siguen la línea del dinero a través de una acción de inteligencia”, afirma Tomasini.

En el caso de las quejas y denuncias, faltan incentivos y protección a quienes las realizan. Un estudio elaborado por Adriana Medina y Roberto Rodríguez, del CIDE, muestra cómo en Australia y Nueva Zelanda se respeta el anonimato del denunciante y la carga de la denuncia recae sobre la agencia investigadora; además se brinda protección legal al denunciante y buscan corregir el problema.

En México la denuncia no puede ser anónima. El denunciante debe presentar las pruebas; sí se le brinda protección legal y laboral, pero también puede haber sanciones administrativas y penales en caso de denuncias sin fundamento. Además la medida es sólo preventiva, no correctiva,  nos dicen los entrevistados.

Contrataque

Para prevenir la corrupción algunos países han conformado un servicio civil institucionalizado, es decir, empleados al interior de la administración que buscan defenderse a sí mismos, ante los constantes embates de los políticos electos.

“No hay país donde las estrategias anticorrupción funcionen sin un servicio civil que la apoye”, enfatiza Arellano Gault, pues su existencia evita que los políticos y designados en turno incorporen a sus aliados en los puestos públicos y en la toma de decisiones. “Un servidor público de carrera explicaría a sus jefes que las políticas que se están realizando han fracasado con anterioridad, otorgándole datos, pruebas y elementos”.

En México eso no existe. En su lugar, añade el investigador, se han intentado profesionalizar a los servidores públicos de manera aislada (servicio profesional), pero no tiene la fuerza de todo un grupo. De acuerdo con el estudioso la clave para combatir este fenómeno sistémico sería “transformar las relaciones sociales que la constituyen y crear otra fuerza similar para enfrentar las tentaciones y ajustes de los políticos electos”.

Hacia la transparencia

Un mecanismo por el que se ha pugnado en México y en el ámbito internacional es el acceso a la información pública. La Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública (creada en 2002 por Vicente Fox) y el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), representan un paso importante, reconocen los especialistas, no obstante, todavía hay información reservada.

En Finlandia, cualquier decisión tomada por funcionarios públicos (excepto las relacionadas con la seguridad), los ingresos declarados de todos los residentes, políticos, y compras realizadas por las administraciones públicas, pueden ser conocidas y se castiga el pago excesivo por ciertos productos.

“Si los ciudadanos saben que sus impuestos se están utilizando a su favor, será mucho más difícil que caigan en actos de corrupción”, puntualiza López Chávez. El problema, agrega Cárdenas Canto, es que en México tampoco se sabe cómo solicitar rendición de cuentas. “En Yucatán trabajamos para capacitar a la población para que sepa cómo denunciar cuando esto no ocurra”.

Conflictos de interés

Uno de los mecanismos que los países han hallado muy ligado a la transparencia es regular los conflictos de interés. “Todos los individuos, incluidos los funcionarios públicos, persiguen sus propios intereses, los cuales en ocasiones colisionan con el bienestar colectivo. Entre los instrumentos normativos que se han desarrollado para prevenirlo se encuentra la declaración de intereses, de bienes patrimoniales,la aceptación de regalos y la regulación post empleo”, señala Arellano Gault.

En México, existen, apunta el académico, no obstante, la labor se realiza parcialmente debido a que esta acción había sido elaborada por la Secretaría de la Función Pública, y le resultaba imposible dar seguimiento a todos y cada uno de los actos de los servidores públicos.

Canadá cuenta con instituciones dedicadas exprofeso a dicha regulación; se esperaría que la nueva comisión realizase esta labor, pero Arellano Gault advierte que se debe informar a los ciudadanos de los alcances reales para no generar expectativas y discursos moralistas que desvirtúen al nuevo organismo.

Recuadros

Daño colateral de la corrupción

En 2010 una mordida costó a los hogares mexicanos un promedio de 165 pesos, y para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos se destinaron más de 32,000 millones de pesos en mordidas (Transparencia Mexicana TM, 2011)

El 77% de las empresas que operan en México han sufrido cuando menos un fraude en el año (Encuesta de Fraude y Corrupción en México).La corrupción representa el 25 % de todos los delitos que sufren las compañías y negocios (Coparmex).

El costo de la corrupción es equivalente al 9% del PIB y, junto con la inseguridad, es el principal riesgo que aleja a los inversionistas (Foro Económico Mundial).

Puede reducir la tasa de crecimiento económico hasta 1% al año, lo que resulta un gran costo social, especialmente para una nación que ha crecido en las últimas tres décadas al 2.4% anual (Coparmex).

Sanciones en números

(¿Podemos reducir la corrupción en México?)

Las dos causas más numerosas que generan sanciones administrativas son negligencia, 48%, e incumplimiento de la declaración patrimonial, 24%. Empero, del total de sanciones registradas, aquellas con mayor número fueron las amonestaciones públicas (27%), suspensiones (20%), amonestaciones privadas (18%); las inhabilitaciones, sanciones económicas y destituciones apenas alcanzaron 16,12 y 6%, respectivamente.

III: Deudas sociales

“Tomar como modelos a seguir en la lucha anticorrupción a países de primer mundo resulta muy atractivo, pero no hay que olvidar que son naciones que también han velado por la alternancia política, incrementar el nivel educativo y económico de su población”, señala López Chávez.

En Finlandia, por ejemplo, la posibilidad de convertirse en un secretario de Estado, no recae en ciudadanos adscritos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos dentro de su partido o por designación presidencial. Los puestos son cubiertos por funcionarios públicos cuya carrera está abierta a todos los ciudadanos.

“En México, la alternancia política ya es una realidad, pero también existen retrocesos, como la propuesta a reelección de diputados y senadores”, advierte Tomasini Bassols.

La asimetría social también es motor de la corrupción.“En las décadas de los 40 y 50, cuando en México imperaba un ambiente de optimismo económico, se acuñaban frases como Pobre pero honrado. Ahora la honradez dejó de ser atractiva, pues se considera exitoso aquel que logra abundancia económica sin importar cómo lo hizo”.

Afortunadamente, cultura no es destino y la educación es clave, enfatiza. Por tanto, la política anticorrupción en el país debe formar parte de los programas educacionales y que quede claro que la corrupción no es normal ni deseable. Y se debe promover la participación social. Afortunadamente ya está ocurriendo.

La solicitud de rendición de cuentas de cientos de mexicanos a través de CIMTRA es un ejemplo. “En Jalisco, uno de los primeros estados en tener una ley de transparencia (2000), hubo retrocesos con reformas posteriores. Nosotros pugnamos y logramos que en 2013 conceptos de acceso a la información que se habían eliminado fuesen reincorporados”, dice Ignacio González, representante de CIMTRA en el estado.

“Además, capacitamos en materia de transparencia a Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Zapopan y Tlaquepaque, municipios que actualmente encabezan la lista de los más transparentes. En Tlajomulco incluso se logró frenar la construcción de fraccionamientos en lugares inaccesibles, sin servicios e inseguros”.

El siguiente paso es transparentar a los Congresos locales. Es ahí donde han encontrado mayor resistencia, pues confluyen varias fuerzas políticas y criterios hacia la apertura.

“Pero tarde o temprano esta situación va cambiar, sobre todo en la medida que los ciudadanos exijan a sus políticos mayor rendición de cuentas”, asegura.

La tarea no ha sido sencilla, pues por momentos surge el miedo a represalias. Pero si algo tienen claro los especialistas, es que no desean heredar a sus hijos un país corrupto.

Artículos Relacionados