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¿Reeligirá Venezuela a Nicolás Maduro?

Devastado por una crisis económica y política que empeora a diario, el país sudamericano irá a las urnas sin opciones para un futuro diferente. Pesan tanto las maniobras del actual presidente para acallar a sus opositores como la incompetencia de estos para lanzar una alternativa viable.

Foto: PXHERE

Será el próximo 22 de abril cuando más de 18 millones de venezolanos acudan a las urnas. La cuarta cita electoral en apenas dos años y meses, tiempo en que sus preferencias parecen haber cambiado. En diciembre de 2015 otorgaron un triunfo contundente a la oposición en las elecciones legislativas. En las siguientes citas, entregaron al oficialismo la mayoría de las gubernaturas y alcaldías. Ahora decidirán en una convocatoria adelantada quién gobernará al país entre 2019 y 2025.

“Para determinar qué pude pasar es importante tomar en cuenta el contexto de Venezuela, con un complejo escenario económico marcado por el desplome de los precios internacionales de los hidrocarburos. El 96% de sus ingresos proviene de esos recursos y el precio promedio del barril de petróleo bajó en el último quinquenio desde más de 100 dólares a menos de 30, además de que la producción está cayendo”, señala José Antonio Hernández Macías, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (Cialc) de la UNAM.

Ante esa realidad, el país sudamericano ha lidiado con tasas inéditas de inflación a nivel mundial, 2,616% en 2017, una explosiva depreciación frente al dólar de su moneda, el bolívar y la contracción del PIB de 15% en los últimos 12 meses. Un infierno cuya temperatura se eleva por el constante incremento de los índices de criminalidad con 90 homicidios por cada 100,000 habitantes (el triple de los perpetrados en Brasil o México).

Castigo ejemplar

El 27 de junio pasado se registró un ataque aéreo con metralletas y granadas tanto a las instalaciones del Ministerio del Interior como a las del Tribunal Supremo de Justicia. El autor intelectual del ataque y uno de los responsables de ejecutarlo, fue Óscar Alberto Pérez, piloto e inspector de la policía científica venezolana.

El atacante logró escapar y explicó a través de un video difundido en redes sociales que “sus acciones intencionalmente inofensivas” formaban parte de un llamado a militares, policías y civiles para sublevarse contra el gobierno de Maduro, a quien acusó de delincuencia organizada.

La oposición política se deslindó de la proclama que fue correspondida por las autoridades con la orden de captura de Pérez, acusado de perpetrar actos de terrorismo.

Meses después, el policía insurrecto salió de la clandestinidad para perpetrar un breve asalto a un cuartel de la Guardia Nacional, hacerse de armamento y equipo. No pudo utilizarlo porque en enero pasado 100 elementos de la Policía Nacional Bolivariana lo sitiaron en una barriada al oeste de Caracas.

Para entonces el presidente Maduro había pedido “tolerancia cero con los terroristas”, así que Pérez y seis de sus partidarios fueron abatidos a pesar de su ofrecimiento de rendición incondicional, según varios videos en poder de medios internacionales.

La conclusión del operativo fue repudiada por gobiernos de distintas partes del mundo al considerarla una “ejecución extrajudicial”, pero las autoridades venezolanas la presentaron como un ejemplo de la firme decisión con la que actuarán contra quienes atenten contra la paz pública.

PANORAMA COMPLICADO

La situación se ha agravado por la incapacidad del gobierno para balancear el presupuesto y contener la contracción del PIB que este 2018, según el FMI, podría sumar 6% a lo perdido entre 2014 y 2017. Para Hernández, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Maduro ha fracasado en sus intentos por diversificar una economía que importa siete de cada 10 productos básicos.

El régimen ha mantenido intacta la nómina del sector público que emplea a uno de cada tres venezolanos. Debido a problemas con el suministro de energía eléctrica ha reducido las jornadas laborales a media semana pero ha conservado el presupuesto destinado a programas sociales. Los niveles de pobreza son menores que los de sus vecinos colombianos y los de México (la mayor economía de Hispanoamérica), pero el gasto social ha dado prioridad a medidas asistencialistas en lugar de apuntalar la planta productiva o por lo menos impedir el deterioro de la infraestructura del corporativo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Al quebranto contribuyen también los esfuerzos tanto del exterior como de las élites locales para desestabilizar al país. “Estados Unidos es un gran consumidor de hidrocarburos venezolanos y desearía que su proveedor tuviera un gobierno más afín, como lo son el de Mauricio Macri en Argentina, el de Michel Temer en Brasil y el de Juan Manuel Santos en Colombia”, considera el académico. Tomando en cuenta este contexto, ¿qué aciertos y errores se le deben atribuir a Maduro? “Definitivamente su gobierno ha sido de claroscuros, con muy poco margen de maniobra, a pesar de proclamarse como heredero ideológico del expresidente Hugo Chávez, para quien relajar el control estatal de la economía equivalía a una traición a la patria que abriría espacios a la oligarquía que tanto despreciaba”, explica Hernández.

 

INESPERADAS HABILIDADES

El descontento de los venezolanos por el contexto que enfrentan es palpable y parece no corresponder con las victorias aplastantes del oficialismo en las elecciones para gobernadores y alcaldes realizadas en el segundo semestre del año pasado y que han representado una bocanada de aire fresco para el régimen.

El académico Hernández relaciona el fortalecimiento del chavismo-madurismo con la contundencia con que el mandatario ha neutralizado a sus opositores, los más feroces agrupados hasta hace poco en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Los detractores del régimen se apuntaron una gran victoria en diciembre de 2015 cuando conquistaron la mayoría absoluta del poder legislativo, con 109 asientos de 167 en la Asamblea Nacional, pero desde su primera acción, remover el retrato de Hugo Chávez de su sala de sesiones, dieron prioridad a una agresiva confrontación que terminó en julio pasado cuando Maduro se valió de una argucia legal para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con poderes plenipotenciarios por un periodo de dos años en los que redactó una nueva Carta Magna.

En la integración del nuevo organismo hubo cupo solamente para adeptos al oficialismo, pero ni el repudio de la comunidad internacional impidió su instalación. La Asamblea Nacional ha seguido funcionando pero solamente como órgano deliberativo, o el equivalente a un muro de los lamentos, apunta el internacionalista Luis Carlos Battista en el artículo “Venezuela: claves para una crisis”, publicado por Foreign Affairs Latinomérica en agosto de 2017.

 

COSTOSA TORPEZA

En su artículo, el académico de la Florida International University, advierte que la torpe beligerancia de los opositores al régimen los dejó literalmente arrumbados en un saloncito del Palacio Federal Legislativo y poco después redujo a cuatro el número de gubernaturas en su poder (de un total de 23). Sin una estrategia clara para contender por las alcaldías, las organizaciones más beligerantes MUD, los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia, decidieron abstenerse. Fueron correspondidos con su inhabilitación para participar en las elecciones presidenciales del próximo abril.

Para Battista la táctica de confrontación de la MUD le impidió cumplir con las expectativas que generó en la población, como encontrar una salida a la escasez de todo, al tiempo que le impidió conseguir la anulación de la sentencia judicial para quienes considera presos políticos, como Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, y de Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas (ver Fuera de Combate).

Para los próximos comicios, el chavismo ha cerrado filas en torno a Maduro quien buscará la reelección. “No es que no haya disidencia interna pero el mandatario ha logrado deshacerse de críticos severos como la exfiscal Luisa Ortega, destituida en agosto pasado por incompetencia, y el exrepresentante ante la ONU, Rafael Ramírez, en la clandestinidad desde que se anunció su enjuiciamiento por faltas cometidas cuando presidió PDVSA”, recuerda Hernández.

¿Queda alguien que pueda competirle a Maduro con posibilidades de vencerlo? El académico de la UNAM se muestra cauteloso porque se desconoce aún si la oposición se presentará a los comicios. “Se habla insistentemente del magnate Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar, una de las principales productoras de alimentos y bebidas en Venezuela, así como del exchavista Henri Falcón, exgobernador del pujante estado de Lara, pero este último ha comentado que respaldará a Mendoza”.

Y ante este panorama, ¿qué harán los venezolanos de a pie? “Seguir con su vida cotidiana porque la Venezuela real poco tiene que ver con el país paralizado, cayéndose a pedazos como lo describen algunos medios de comunicación”, apunta Hernández.

¿Todo en contra?

“Nicolás Maduro se sostiene no sólo por ser el heredero reconocido de Hugo Chávez, sino porque cuenta con el respaldo activo de 25% del electorado, lo que no significa en automático que el resto esté en contra”, opinan corresponsales en Caracas, para quienes solamente un cuarto de la sociedad venezolana apoya a la opositora MUD, que no es un bloque monolítico, sino una constelación de membretes con principios ideológicos que llegan a chocar frontalmente. Queda la mitad del electorado, posiblemente desencantado, pero apático.

 

 

Líderes fuera de combate

En vísperas de las elecciones presidenciales los principales frentes de la oposición venezolana están literalmente descabezados, ya que sus líderes más carismáticos están encarcelados, proscritos en el exilio o inhabilitados por un largo periodo.

 

Leopoldo López (economista, 47 años)

Coordinador del Partido Voluntad Popular

Uno de los líderes de las manifestaciones antigubernamentales realizadas en febrero de 2014, con saldo de 43 muertos, se entregó para ser juzgado por instigación pública y asociación para delinquir, entre otros cargos. Fue condenado a 13 años y nueve meses de cárcel. Desde el 4 de agosto pasado se le concedió prisión domiciliaria.

 

Henrique Capriles Radonski (abogado, 45 años)

Exgobernador estatal

Partido Primero Justicia

Candidato opositor en las dos últimas elecciones presidenciales, en las de 2013 estuvo a décimas de lograr la victoria. Entre noviembre de 2008 y octubre 2017 gobernó el próspero estado de Miranda, pero poco antes de terminar su segundo periodo fue inhabilitado por 15 años debido a “irregularidades financieras” no corregidas en su administración.

 

María Corina Machado Parisca (ingeniera industrial, 50 años)

Exdiputada

Partido Soy Venezuela

Fue despojada de su curul en la Asamblea Nacional luego de presentarse como representante alterna de Panamá en una reunión de la OEA que discutiría la situación de los derechos humanos en el país sudamericano. Acusada de haber violado dos artículos de la Constitución venezolana fue inhabilitada temporalmente para ocupar cargos públicos.

 

Antonio Ledezma Díaz (abogado, 62 años)

Exalcalde metropolitano de Caracas

Partido Soy Venezuela

Arrestado en febrero de 2015 por conspirar para derrocar al gobierno venezolano. Estuvo confinado un año sin recibir sentencia, luego se le confinó a prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud, de la que escapó en noviembre pasado para huir a Colombia y, posteriormente, viajar a España, país en el que tramita asilo político.

 

Ramón Muchacho Bracho (abogado, 45 años)

Exalcalde de Chacao

Partido Primero Justicia

En agosto pasado fue separado de su cargo e inhabilitado luego de que el Tribunal Superior de Justicia confirmara su sentencia incriminatoria como corresponsable de las violentas manifestaciones antigubernamentales de 2014. Para eludir su condena a 15 meses de prisión huyó a Estados Unidos, país que le concedió asilo político.

 

 

Por Pedro C. Baca