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Seguridad, vigilancia y derechos… Entre la espada y la pared

 

Los empresarios y la sociedad en general, enfrentan un momento de gran complejidad.

 

 

Son varias las voces que claman por cambios en el sistema penal acusatorio. Entre ellas la de Miguel Ángel Mancera Espinosa, un servidor público que tiene a su cargo la responsabilidad (lato sensu) de la administración de la Ciudad de México. Entre otras cosas Mancera dice que la reforma penal es “hipergarantista”; que él sí “impulsaba la reforma, pero no lo de la [eliminación de] la prisión preventiva”.

Pero como no soy partidario de alimentar la desinformación (hoy le llaman fake news, ayer sofismas) consideré relevante intercambiar ideas con Gonzalo Alanís Figueroa, Coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA).

El abogado penalista explica que “no se ha eliminado la prisión preventiva de nuestro marco normativo. La prisión preventiva establecida en el Código Nacional de Procedimiento Penales y en la Constitución, puede operar a través de una necesidad de cautela, misma que tendrá que ser acreditada por un Ministerio Público y resuelta por un juez de control. También existe la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional y que se aplica o se acuerda con relación a diversos delitos”.

Ahora que si la tarea es trabajar las áreas de oportunidad en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, entonces coincido con Alanís Figueroa cuando dice que “uno de los problemas más graves y que se repite día a día, es la deficiente ejecución de algunos operadores jurídicos. Igual urge mejorar la capacitación de policías, disminuir las deficiencias en las que incurren algunos agentes del Ministerio Público y perfeccionar la actividad de la fiscalía”, por mencionar ciertos temas relacionados.

El sistema penal acusatorio mexicano tiene que madurar aún, sin duda. Pero también requerimos una adecuada política criminal, crear una verdadera perspectiva de crecimiento económico, impulsar la capacidad adquisitiva de las personas, disminuir la brecha entre multimillonarios y extremadamente pobres…

 

Más leña al fuego

Primero, algo de contexto. Ambrosio Michel Higuera, exsubprocurador Fiscal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, nos dice que el 23 de mayo de 2017 un puñado de diputados de diversos grupos parlamentarios presentó ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

¿Y a ti qué, empresario? El mismo Michel Higuera explica: “El objetivo principal de dicha reforma es imponer a los sujetos que realicen actividades ‘vulnerables’ la obligación de contratar un auditor externo independiente para evaluar y emitir un informe anual respecto del cumplimiento de las obligaciones que establece la LFPIORPI y su Reglamento”.

A decir de Michel Higuera, la justificación de dicha iniciativa es la siguiente:

  • Promover que las personas que realizan actividades vulnerables cumplan de mejor manera con la ley.
  • El SAT no cuenta con suficientes recursos humanos ni económicos para hacer visitas de verificación a los sujetos obligados.
  • Se propone un auditor externo independiente como medida de control que permita a los sujetos obligados (incluyendo a los abogados) corregir las deficiencias de los procedimientos que desarrollan y con ello obtener una reducción en las sanciones que se les imponga.
  • La propuesta se suma a la convocatoria del IMCP y el Ceneval, para los contadores públicos que quieran certificarse como especializados en materia de prevención de lavado de dinero.

Ahora responde, amable lector@: ¿la razón de la reforma es un tema de insuficiencia humana y económica o una falta de eficiencia y eficacia en el uso y administración de los recursos por parte del Estado mexicano? ¡Exacto!