miércoles , octubre 18 2017
facebook@ twitter@ instagram@ youtube@

Te puede interesar

De pipa y guante: el Jockey Club

Castillo de Peles: palacio de cuento de hadas

Zócalo: el corazón de México

Inicio / LA CHEQUERA / El costo de la corrupción       

El costo de la corrupción       

                

 

Tres de cada 10 empresas participan en actos de corrupción. La cifra erogada es comparable al 0.56% del PIB.

 

Por primera vez en México, el Inegi midió el impacto regulatorio y de la calidad de los principales servicios gubernamentales en las empresas y, uno de los resultados más impresionantes es que cumplir con la regulación y la tramititis cuesta 115,700 millones de pesos al año. Estos son los costos de la corrupción.

Esto representa más de los 90,800 millones que se destinaron en el presupuesto de 2017 a financiar la educación media y superior en México; casi seis veces lo que se destina a promover la cultura en México; equivale a construir 55 hospitales generales del IMSS de 260 camas con alta especialidad, y una quinta parte del gasto en inversión, o poquito menos, de los 117,000 millones de pesos que se gastan en el rubro de gobierno y justicia que incluye impartición de justicia, procuración, readaptación o protección de derechos humanos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige), el costo monetario en que incurren las empresas en México (micro, pequeñas, medianas y grandes), para cumplir con la regulación es el equivalente al 0.56% del PIB, y una quinta parte de las empresas considera que las normas, trámites, solicitudes de inspección para el establecimiento o actividad, constituyeron un obstáculo para su negocio.

Sólo imagine la cuantificación: en 2016 se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales; esto es, 19.5 trámites por unidad económica, y pese al avance de las tecnologías de la información, la realización de estos en las instalaciones físicas de las dependencias, gobiernos o ayuntamientos es la constante.

Sólo en el rubro de justicia cotidiana, para que una empresa levante una averiguación previa en el 96.8% de los casos tiene que acudir o dar seguimiento ante el Ministerio Público; en el 95.7% tiene que acudir al organismo operador de aguas del municipio para solicitar una conexión al sistema de aguas local y para abrir un negocio, en el 94.4% de los casos tuvo que acudir a las múltiples instalaciones para lograrlo, lo que quiere decir que el servicio rápido de apertura de empresas que ha sido “federalizado” se desconoce.

Es interesante observar cómo el empresario percibe la obligación de cumplir trámites con la adopción de conductas corruptas, con el enojo por lo que considera la prestación de servicios ineficientes o nulos por los trámites pagados.

Según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) desde el inicio de la administración se han realizado acciones para mejorar el marco regulatorio federal al eliminar 295 trámites y simplificar 611 de los 4,376 trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios (RFTS), por lo que el costeo de la carga regulatoria pasó de representar el 4.25% del PIB al 2.71%, lo que implica que se debió disminuir el impacto en 3.15% del PIB.

Y bueno, en la Enrige, el 50.9% de los empresarios consultados considera que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetos fueron mayores o igual de pesadas que en 2015 y, de pilón, un 82.7% si bien refiere que las calles y avenidas de su municipio o delegación están libres de vendedores o ambulantes, un 75.6% considera que están en mal estado y 76% que son inseguras.

En relación al servicio de energía eléctrica, el 58.7% considera que el servicio no tiene tarifas accesibles aunque un 81% dijo no experimentar pérdidas por deficiencias en el servicio y, en contraste, en materia de servicios de infraestructura, el aeroportuario fue el de mayor satisfacción con 68.1%.

El peor servicio evaluado es el de policía con 32.2% diciendo que estaba satisfecho y, la recolección de basura es el mejor evaluado con apenas 56% diciendo que están satisfechos.

En cuanto a corrupción, el 64.4% de las unidades económicas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, 39.4% señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y en 30.7% se originan por la obtención de licencias o permisos.

Para colofón: aun cuando el 90.2% de las unidades económicas no tuvo que contratar servicios de seguridad privada, en general las pequeñas y micro empresas son las que sienten que la policía local contribuye a la sensación de seguridad en su municipio, pero el 77% de las unidades grandes y el 51.8% de las medianas tuvieron que contratar servicios de seguridad privada.

Conclusión: tres de cada 10 unidades económicas acepta participar en actos de corrupción en México.