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Cómo nos defendemos de la delincuencia

Armarnos, repeler la agresión personalmente o en alianza con vecinos: ¿esa es realmente la solución contra el avance de la delincuencia?

“Ya son muchísimos los mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia que se ha desatado sobre México, una bárbara agresión criminal… Comparto la angustia y el coraje de los trabajadores que pierden su salario en un asalto a mano armada en un microbús… la indignación por la ineficacia de los cuerpos de seguridad y por la corrupción que existe en ellos, que también con demasiada frecuencia es el origen de la impunidad… Vivimos el resultado de muchos años de negligencia en el reclutamiento de los cuerpos de policía, de descuido, simulaciones y de reformas legales que han sido, con mucho, rebasadas por los hechos.”

¿Le suenan familiares estas frases? Podrían haber sido dichas hoy, pero fueron pronunciadas en 1998 por el ex presidente Ernesto Zedillo al presentar la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia. Aquellos eran días aciagos, la ciudadanía sufría otra feroz ola de criminalidad. Por cierto, poco antes de esa “cruzada”, en noviembre de 1997, se realizó la primera gran marcha ciudadana contra la inseguridad. Pero no suscitó grandes cambios, porque tan sólo siete años después, en junio de 2004, siendo Vicente Fox presidente del país y Andrés Manuel López Obrador jefe de Gobierno capitalino, se dio la segunda gran marcha, la “blanca”. Entre esas fechas, en el año 2000, la película Todo el poder exhibía el clima de inseguridad que reinaba principalmente en el centro del país. Y el 4 de diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón pronunciaba la palabra “guerra” y siete días después iniciaba la Operación Conjunta en Michoacán para hacerle frente a los carteles del narcotráfico.

Muchas cosas han sucedido desde entonces, pero el acoso y la violencia de los criminales hacia la ciudadanía se mantienen vigentes.

Como en aquel tiempo, la enorme mayoría de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Investigarlos y perseguirlos era y es responsabilidad de autoridades estatales y municipales. Hablamos del casos de homicidio doloso, robo con violencia, robo de vehículo, a negocio, a casa habitación, extorsión o secuestro. Por su lado el gobierno federal tiene la obligación de, además, combatir la delincuencia organizada que trafica drogas y armas, secuestra, lava dinero, prostituye, falsifica y realiza constantemente una amplia diversificación de sus negocios.

CRIMEN ARMADO

Las batallas que libran los carteles del crimen organizado entre ellos y contra el Estado mexicano hacen que brinquen las cifras delincuenciales. Según la Judicatura Federal, desde 2014 a la fecha más de la mitad de las causas penales del ámbito federal tuvieron como causa la portación de armamento y casi por consecuencia buena parte de los más de 2,100 homicidios dolosos, tan sólo en el pasado mes de mayo, son atribuibles a los enfrentamientos entre las bandas criminales. Este 2017 puede ser el año más mortífero de la historia contemporánea nacional: el promedio letal al mes rebasa los 2,000 homicidios.

 

CIFRAS Y HECHOS

¿Pero en realidad estamos en la etapa más crítica de las últimas décadas en cuanto a inseguridad? Dependiendo de la fuente que se consulte y el periodo que se analice será la respuesta. Si atendemos las críticas de grupos empresariales como la asociación que representa a las compañías aseguradoras en México, la AMIS, que se quejó de que entre abril de 2016 y marzo de 2017 fueron robados 76,344 vehículos, la cifra más alta de los últimos 12 años, o la de la asociación de almacenes comerciales, la ANTAD, que denunció ante el secretario de Gobernación que su gremio ha sufrido tan sólo en los primeros cuatro meses del presente año unos 28,600 delitos, 30% más que en 2016 (20,500 de ellos fueron asaltos con violencia en las tiendas), la conclusión es que estamos en una escalada criminal sin precedentes.

Gabriel Regino, conocido penalista y criminólogo que se desempeñó como subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del DF de 2002 a 2006, tiene una tesis que contrasta con la percepción de que presenciamos una ola criminal inédita. “El fenómeno al que acudimos hoy es cíclico –dice–, en la época virreinal, desde el primer virrey hasta el último señalaban siempre el problema de la inseguridad. Y por ejemplo, en el estado de Morelos el secuestro como modus operandi de muchos grupos tiene dos siglos ininterrumpidamente”. Sin embargo, admite que hoy “estamos alcanzando picos de incidencia criminal que no se habían visto en los últimos 10 años, derivado de la nula acción policial en cuanto prevención situacional del crimen, y la corrupción en la actuación de las policías al liberar a las personas antes de ser puestas ante el ministerio público”.

Los expertos consultados por Contenido están de acuerdo en que los niveles que alcanza el fenómeno delictivo es preocupante pero difieren en el diagnóstico del fenómeno. Francisco Javier Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), sostiene que no hay datos duros que permitan decir que la agudización del crimen es cíclica, pero reconoce que aunque esto no es nuevo, porque México es un país históricamente violento, “esa violencia se encontraba contenida y se hallaba en ciertas zonas urbanas del país, hace 30 o 50 años había pequeños brotes en zonas específicas, y el México bronco a lo largo del territorio, en zonas semiurbanas donde quien tenía problemas, lo seguía resolviendo a machetazos”.

Rivas añade sin embargo que actualmente hay delitos que se han democratizado: “Antes se secuestraba a los ricos, ahora se actúa incluso contra gente de ingresos medios y muy bajos”. Conoce de secuestros a personas económicamente humildes por las que piden 3,000 o 5,000 pesos. “A veces se tiene la idea de que ahorita se nos ha cerrado el cerco de la delincuencia pero no es necesariamente así. Siempre hemos tenido los ciudadanos un cerco muy cerrado de delitos, lo que pasa es que ahora existe el teléfono celular y las redes sociales, por las cuales nos enteramos de cosas que antes no”.

No obstante, el propio ONC y su red de 22 oficinas locales –cuyo registro estadístico es riguroso, basado en los datos oficiales más actualizados–, confirma que entre 2015 y 2016 el homicidio doloso, el robo total con violencia, la extorsión y el robo de vehículo mostraron aumentos notables y sólo un delito, el homicidio culposo, mostró una disminución mientras que el secuestro exhibe una especie de estancamiento.

NUEVO SISTEMA PENAL: ¿CHIVO EXPIATORIO?

Gobernadores de varias partes del país y el jefe de Gobierno capitalino, además del mismo Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, critican al nuevo sistema de justicia penal acusatorio por considerarlo “garantista” y dejar libres a muchos delincuentes. A eso le achacan el clima de violencia. Hoy pretenden reformar el nuevo sistema para volver a ampliar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva.

Para el experto en seguridad Alejandro Hope, eso no es más que un pretexto ante la falta de resultados. “Para justificar las incapacidades de las autoridades la bruja es el nuevo sistema acusatorio”, dice por su lado Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública capitalino. José Luis Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano opina lo mismo y agrega que el nuevo sistema “sí da los elementos para que un delincuente que cometió un delito pise la cárcel. Lo que no tenemos es capacidad de investigar los delitos, hay que atender las áreas periciales que están de rodillas, o las condiciones de los ministerios públicos. Un MP, en un territorio de baja incidencia delictiva, tiene por lo menos 100 carpetas de investigación. ¿Puede investigarlos? Ahora imagínate a un MP en un territorio de alta incidencia delictiva: si investiga, lo matan a él y a su familia”.

 

HABLAN LAS ARMAS

Lo anterior es un caldo de cultivo ideal para voces que sugieren que la ciudadanía debe defenderse por propia mano. Ante la ausencia de acción por parte de los gobiernos locales y federal, hay quienes justifican que la gente se proteja a toda costa y por medios no institucionales.

Así entramos al asunto espinoso de la conveniencia de que la ciudadanía se autoproteja. Uno de los más conspicuos alegatos en ese sentido fue el que protagonizó el senador panista Jorge Luis Preciado a fines del 2016. Está congelada su propuesta que pretendía modificar el artículo 10 de la Constitución para permitir portación de pistolas y rifles en negocios, autos y hogares; Preciado encontró el rechazo generalizado de todas las bancadas.

Sin embargo, hay especialistas como el penalista Alonso Beceiro, del despacho Beceiro & Viguera Abogados, que justifican que las personas se defiendan. “No creo que la postura de aquellos que dicen que el pueblo no debe armarse esté justificada porque no es una propuesta basada en un simple deseo, sino que está contenido en la Constitución a la legítima defensa, consagrando el derecho a la posesión y portación de armas en los términos de las leyes. La Ley Federal de Armas de Fuego establece los mecanismos y los supuestos en los que los particulares pueden hacerlo, en su casa, en sus negocios, etcétera. De hecho, desde la Constitución del 1917 se permite la portación”, explica a Contenido.

Algunos hechos podrían avisar que hay quienes están dispuestos a emprender acciones de legítima defensa. En julio pasado se dieron a conocer datos donde la Secretaría de la Defensa reconocía que la ciudadanía era menos entusiasta ante el programa de “despistolización”, es decir, el canje de armas de fuego a cambio de incentivos económicos. En tres años pasó de 31,000 a 11,000 las armas canjeadas. La interpretación de algunos expertos es que la gente ha decidido autoprotegerse. La disminución en el canje de armas puede deberse al clima de inseguridad y las personas optan menos por entregar los objetos letales, creciendo por consecuencia el número de casos de justicieros o vengadores anónimos.

Medios locales han documentado decenas de casos en que presuntos civiles, hartos de sufrir el acoso de criminales, han usado armas para abatir a los asaltantes en transporte público o domicilios particulares. En la capital y otras ciudades del país sobran ejemplos de órganos vecinales o comunales que ante la ausencia de fuerzas policiacas –que son omisas, cómplices o temerosas de las reacciones de la delincuencia organizada–, toman la justicia por propia mano.

“Esto puede solucionar o ayudar a subsanar la situación –insiste Beceiro–. La historia no se equivoca: el pueblo ha tenido que tomar la defensa de sí mismo. Y es cierto que hay que diferenciar la delincuencia del fuero común con la organizada. La portación y posesión de armas de los ciudadanos va encaminada a presentar un frente a los delitos del fuero común como homicidios, robo a mano armada, con violencia, lesiones o violación”.

Desde luego esa opción, que puede ser popular (o “populista”, como también se le ha calificado) entre las masas de población agraviadas por la incidencia delictiva, es demasiado radical y riesgosa según otros especialistas. El criminólogo Regino y el director del Observatorio Nacional Ciudadano comparten esa visión.

“Proponer que se arme la gente es populismo legal –sentencia sin dudar Gabriel Regino–, el tema de seguridad no puede ser sometido a encuestas de armémonos los unos contra los otros. Sería retrógrado, sería equipararnos a sociedades atávicas o a la estadounidense, donde todo reside en el poder del rifle. No debemos armarnos ni crear autodefensas sino entender las causas del fenómeno delincuencial”.

Rivas opina en un sentido semejante. Para él, los linchamientos o los vigilantes civiles “no hacen actos de justicia, sino de venganza” y no deben alentarse. “Si bien los ciudadanos tenemos corresponsabilidad en el tema de seguridad social, son las autoridades las que tienen plena responsabilidad y la ley así lo establece. Tienen que generar condiciones de seguridad. Si te están asaltando en la esquina no es responsabilidad de la comunidad de vecinos, es de la autoridad, esa es su chamba. Para eso le pagamos”.

 

¿QUÉ HACEMOS ENTONCES?

Leticia Aguilar, responsable de planificación estratégica de México SOS, una organización que a través de mesas de seguridad y justicia vincula las demandas de líderes civiles con autoridades como gobernadores, procuradores y legisladores de las zonas más conflictivas del país, dice en su diagnóstico a Contenido que hoy conformamos “una ciudadanía distinta como distintos son los fenómenos delictivos. No es lo mismo el crimen organizado de ahora al de hace 20 años, antes se enfocaba al narco y ahora se diversificó de tantas maneras como delitos puede haber. ¿Qué hacemos cuando las víctimas somos todos, mi mamá, mi hija, nosotros mismos? Necesitamos activarnos. Romper el círculo vicioso en el que nos encontramos. Tengo miedo de denunciar, entonces no lo hago. Me quedo callado, entonces eso genera impunidad y exacerba la delincuencia. Quien sabe que no tiene castigo, no robará autopartes sino el coche completo”.

Para Rivas, del ONC, su misión es incidir en políticas públicas a través de información y análisis lo más certeros posibles. Sabe que el fenómeno de la delincuencia no es igual que antes, que ahora ya no se puede negociar con actores sólo nacionales porque el crimen tiene ramificaciones mundiales, lo que lo hace difícil de controlar. Hay que atacar las finanzas del crimen. “Lo que no podemos ser es ingenuos. Esto es un proceso de largo aliento. Los ciudadanos debemos denunciar y evidenciamos un problema y si damos seguimiento, la autoridad hará algo. Pero además debemos ver experiencias que nos puede llevar a comprender qué sí podemos hacer. Y lo que pasa en el sur de Italia con la Camorra, la ‘Ndrangheta y la entrada de otros grupos de mafias internacionales, nos da pistas. Los sistemas utilizados tradicionalmente ya no funcionan”.

Sea que la actual violencia social se dé por motivos como falta de preparación o ausencia de las policías estatales y municipales; la inhabilidad o falta de compromiso de la clase política para homologar políticas de seguridad contra la delincuencia organizada; el robustecimiento de los carteles internacionales por la demanda de droga desde Estados Unidos; la laxitud o debilidad de la acción judicial; la saturación de los ministerios públicos y más causas que a usted se le ocurran, lo cierto es que el país no puede seguir como hasta ahora.

Y está visto que las marchas ciudadanas de poco ayudan a la solución.

Me siento inseguro

El Inegi hace trimestralmente la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, conocida como ENSU, en 55 ciudades del país. En junio casi 75% de los encuestados siente que vivir en su ciudad es inseguro. Más de 80% de las mujeres tienen esa percepción, frente al 68.9% de los hombres, y como muchos de los consultados han visto aumento en robos o asaltos (64%) o vandalismo en viviendas o negocios (52%), la mayoría ha cambiado sus hábitos: 61% dijo ya no portar joyas, dinero o tarjetas, ya no permiten que sus hijos salgan a la calle, y ya no caminan por el barrio después de las 20 hrs.

La percepción de inseguridad es mayor en lugares como Villahermosa, Ecatepec, Chilpancingo, Reynosa, Coatzacoalcos y Fresnillo, mientras que donde se respira más calma son Puerto Vallarta, Mérida, Piedras Negras o Saltillo.

Estas son las situaciones donde más vulnerabilidad siente el ciudadano:

PRIORIDADES

Esto es lo que como país debemos atender contra la inseguridad, según el Observatorio Nacional Ciudadano.

Impedir el tráfico ilegal de armas.

  1. Combatir el lavado de dinero y los recursos de los grupos que atentan contra el Estado.
  2. Hacer frente contra la corrupción en las instituciones de justicia.
  3. Implementar políticas de prevención del delito y reacción sustentadas en diagnósticos confiables.
  4. Las autoridades deben dejar de lado las excusas y concentrarse en las competencias de sus servidores públicos.
  5. Mejorar la calidad de los registros estadísticos, sistemas de transparencia y rendición de cuentas.
  6. Dotar de salarios y prestaciones correspondientes para el riesgo que asumen policías, peritos y ministerios públicos.
  7. Colaboración entre sociedad civil y autoridades para generar cultura de legalidad y contrapesos a la acción del Estado.

 

Fuente: Incidencia de los delitos de alto impacto en México 2016.

 

(José Ramón Huerta)