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Luisa Ortega, la voz disidente del régimen venezolano

Venezuela tiene una nueva actriz en su drama político. Y no proviene de la oposición al presidente Nicolás Maduro, forma parte del régimen y está facultada legalmente para cuestionarlo. Se trata de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de aquel país y quien acapara la atención, por haber denunciado la ruptura del orden constitucional, rechazar la Asamblea Constituyente con que se pretende suplantar a la Asamblea Nacional, y admitir el descontento social por la escasez de productos básicos.

Hoy por hoy, Luisa Ortega Díaz, abogada de 59 años, se ha convertido en la funcionaria de más alto rango en disentir frente al discurso del oficialismo. No se trata de ninguna infiltrada, fue puesta en su cargo en 2007, por el entonces presidente Hugo Chávez, a quien se mantuvo fiel hasta que éste murió víctima de cáncer en marzo de 2013.

El giro actual no responde a una viraje ideológico por parte de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista, leal al “proceso revolucionario para instaurar el socialismo del siglo XXI”. Se debe a que es firme defensora de la Constitución de 1999. Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente.

MUJER DE LEYES

Sus posturas han sido elogiadas por ser independientes. “Demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape”, ha comentado Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.

Millán alude a las declaraciones de Ortega desde que a final de marzo considerara como una “ruptura del orden Constitucional” las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición. Poco después se rectificaron parcialmente las sentencias que fueron el detonante de la actual ola de protestas.

La mujer no se detuvo ahí, en contraste con otros representantes del régimen que se niegan a conversar con la prensa internacional que no les es afín, dio una entrevista al diario estadounidense The Wall Street Journal, oportunidad que aprovechó para expresar que el gobierno no puede “pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley”.

 

En ese momento tuvo el atrevimiento de hablar de represión al referirse a los operativos policíacos para dispersar las protestas organizadas por la oposición.

En mayo pasado, su distanciamiento del Madurismo escaló a enfrentamiento cuando descalificó la iniciativa presidencial para convocar a la Asamblea Constituyente, al tiempo que reiteró su lealtad a la actual Carta Magna. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, apuntó entonces.

Finalmente, ha insistido en que las fuerzas del orden no deben arrojar bombas lacrimógenas directamente sobre manifestantes. De hecho, ha usado la palabra “represión” para describir los operativos ordenados por el gobierno para dispersar las protestas.

PRESENCIA INTOLERABLE

Ortega se ha vuelto una presencia intolerable para el gobierno que ha desatado una lluvia de ataques desde distintos frentes. Uno de ellos alude que la fiscal “ha dejado de garantizar la aplicación de la justicia” por lo que debe ser removida.

El problema es que no hay manera legal de deshacerse de ella, porque su destitución tendría que provenir de la Asamblea Nacional, controlada ahora por una mayoría de la oposición. Su mandato expira en 2021.

¿Cómo quitarla de en medio? El diputado oficialista Pedro Carreño recién presentó ante el Tribunal Superior de Justicia una petición para que una junta médica revise la salud de Ortega, a la que achaca “insania mental”.

Poco antes la fiscal había recurrido a la misma instancia para presentar un recurso de nulidad contra la convocatoria para la Asamblea Constituyente. Entonces advirtió que el presidente Maduro “está destruyendo el legado del presidente Chávez”.

El 30 de julio está previsto que se elijan a los más de 540 miembros del cuestionado organismo, que tendrá el poder incluso para destituir a cargos públicos como el de la fiscal, según han recordado altos dirigentes del oficialismo.

(Por Pedro C. Baca)