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Los señores feudales de México

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Por Ileana Dotti

  • Dispendio, endeudamiento, corrupción y opacidad por parte de los gobernadores, ha hecho del federalismo mexicano un “feuderalismo” nocivo para la economía y que vulnera la legitimidad entre los ciudadanos.

 

I: La ingobernabilidad rampante

En octubre del año pasado y tras la masacre en Iguala, Gro., el presidente Enrique Peña Nieto reprobó la actuación del mandatario estatal ante lo que consideró una serie de hechos inaceptables: municipalidades con vacíos de autoridad y ostensibles vínculos de complicidad entre gobiernos y delincuentes.

Ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) exhortó a los Ejecutivos locales a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, pero también reconoció que el gobierno federal no puede atender todo lo que es responsabilidad de los municipios y de los estados, además de señalar que cada nivel de gobierno y cada autoridad debe asumir una mayor responsabilidad y compromiso.

Apenas tres años atrás, en octubre de 2011, su antecesor Felipe Calderón se confrontó con los gobernadores durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada  en el Palacio Nacional, donde les pidió apurar la evaluación de mandos medios y superiores. Ya antes, en el gobierno de Vicente Fox, se habían dado algunos desencuentros entre la Conago y el presidente. Los gobernadores demandaban dejar atrás las pugnas estériles y concretar los acuerdos políticos para llegar a una solución que permitiera el flujo de recursos presupuestales a los estados y exhortaban al Ejecutivo federal a no caer en “la actitud dura, unilateral y hasta de regaño a los mandatarios”.

Estudiosos del tema consideran que tras la alternancia de 2000 el federalismo mexicano cambió radicalmente en la relación entre el Ejecutivo federal y los gobiernos estatales. Guillermo M. Cejudo escribió en la revista Nexos en 2012 que “la descentralización parcial de las políticas de salud y educación, entre otras, había dado nuevas áreas de incidencia a los gobiernos estatales… la democratización en las entidades federativas rompió la relación de control político entre el presidente y los gobernadores de todos los partidos”.

Gabriel Zaid en su artículo Soberanos irresponsables, Contenido, Nov. 2011, señalaba que durante su sexenio el presidente Ernesto Zedillo tuvo que aceptar la soberanía de Roberto Madrazo quien lo amenazó con hacer de Tabasco “una república separada”. “Desde entonces, las gubernaturas son soberanías que no le rinden cuentas a nadie. Tienen a su favor la Constitución, que las legitima como gobiernos de “estados libres y soberanos”. Tienen dinero como nunca, Congresos, Tribunales y policías para hacer su voluntad. Tienen mañas para abusar impunemente y escapar del escrutinio local y federal”, sostiene Zaid.

La ingobernabilidad que enfrentan Guerrero y Michoacán puede ser preludio del futuro de México, si no se recupera el estado de derecho y las entidades federativas siguen siendo un bastión de corrupción, asegura el analista Jorge Chabat del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), experto en seguridad, crimen organizado y política.

En México sólo seis estados tienen estándares aceptables de transparencia y el gobierno federal sigue otorgándoles dinero a manos llenas. En los últimos cinco años, el Presupuesto de Egresos de la Federación creció 47%. En 2014 fue de 4.48 billones de pesos (1.3 billones de pesos más que en 2010) aun cuando la inflación para el mismo periodo creció 13.7%, según aparece  en el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE). Este año será de 4.68 billones, cinco veces más de lo invertido en Educación Pública.

El IIPE –diseñado por el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO)- también da cuenta del endeudamiento por 489,643 millones de pesos de las entidades, 2.9 veces el costo total estimado del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (169,000 millones de pesos).

Para el politólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) César Morales Oyarvide, este “feuderalismo” es resultado del ingreso de nuestro país, a partir de 2000, a un federalismo real, pues si bien la Constitución de 1917 estableció a México como una república federal, hasta el año 2000 los gobernadores obedecían sólo al presidente. “La alternancia suponía una mayor democracia, pero la falta de pesos y contrapesos en los estados, la ha mermado”, sostiene.

 

¿Quiénes han sido los nuevos virreyes que han quebrantado y desprestigiado a México? (INFOGRAFÍA A DOS PÁGINAS)

Coahuila, el Moreirato (PRI)

El ex gobernador (2005-2011) y ex líder nacional del PRI –que se encuentra en España cursando una maestría y fortaleciendo sus músculos como lo presumen sus fotos en redes sociales– aumentó la deuda de su estado en 434% al pasar de al pasar de 323 a 31 mil 934 millones de pesos(aunque se estima alcanzó los 36 mil millones de pesos), denunció el PAN.

Existen, además, indicios del desvío de millones de pesos públicos a cuentas privadas en Estados Unidos de Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas en el estado de Coahuila, y Jorge Torres, exgobernador interino (buscado actualmente por Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA) y el empresario Rolando González Treviño, arrestado en Las Vegas.

ActualmenteCoahuila es dirigido por Rubén I. Moreira Valdez, hermano de Humberto y bajo cuyo régimen en noviembre pasado, la Secretaría de Finanzas denunció el robo de documentación relacionada con la contratación de una parte de la mega deuda.

Estado de México,Arturo Montiel (PRI)

“Es cruel, inhumano, perverso y vil”, señalóa la prensa la francesaMaudiVersiniex esposadel ex gobernador (1999 a 2005) acusado depeculado y enriquecimiento ilícito pues adquirió, durante su mandato propiedades(a su nombre y el de sus hijos y ex esposas)valuadas en 184.3 millones de pesos,enAtlacomulco, Valle de Bravo, Tonatico, Careyes, Acapulco, y Francia.

Montiel aseguró su patrimonio era producto del trabajo de su empresade cocinas “Quetzal” y fue exonerado “por falta de pruebas” por el actual Secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida, entonces al frente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) gracias a Montiel y ratificado por Enrique Peña Nieto.

Es buscado pero no por la justicia mexicana, sino por la francesa por la sustracción de sus tres hijos con MaudiVersini.

Tabasco, AndrésGranier (PRI)

Durante su gobierno (2007-2012) la Secretaría de Salud del estado entró en crisis por falta de recursos, instrumentos y medicamentos en los hospitales y la suspensión de pago de pensiones y sueldos a trabajadores, y pagos a proveedores.

Se encuentra preso en Tepepan (en una celda “VIP” por sus dolencias cardiacas) donde enfrenta acusaciones por la presunta evasión de2 millones 156,000 pesos en 2009 y el ocultamiento a Hacienda 600,000 pesos en 2012 y desvío de más de 1,900 millones de pesos.

Chihuahua,José Reyes Baeza (PRI)

El ex mandatario (2004-2010) es investigado por brindar protección al Cártel de Juárez.Al parecer los vínculos del actual Vocal Ejecutivo del Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, se remontan a su gestión como alcalde de la ciudad de Chihuahua, reveló un testigo protegido quien dice ser el contacto entreReyez y Vicente Carrillo Fuentes, hermano del desaparecido capo Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, quien al parecer otorgó 3 millones de pesos para su campaña como gobernador.

Durante su gubernatura, dice Reyes, el grupo delictivo “eligió” al jefe de la policía estatal (Lauro Abelardo Venegas Aguirre) para facilitar el negocio. El capo, agrega el testigo,pagaba 60 mil dólares mensuales a la nómina de mandos policiales.

Tamaulipas, herencia maldita (PRI)

Tres gobernadores han sido acusados de vínculos con la delincuencia.

Manuel Cavazos Lerma (1993-1999):El senador priista, fue investigado por la PGR por presuntos nexos con prestanombres y negocios con el crimen organizadoy–junto con Tomás Yarrington y Eugenio Hernández–fue acusado de la expropiación y venta de inmuebles a prestanombresque construyeron fraccionamientos con dinero ilícito. En 2012 fue exonerado por falta de pruebas.

Tomás Yarrington(1999-2004):Acusado por la DEA de lavar dinero para los Zetas y el Cártel del Golfo durante su mandato. Investigado por la SIEDO por haber recibido más de $8.5 millones de dólares del crimen organizado para financiar su campaña hacia su gubernatura. Se dice estuvo implicado en el asesinato de Rodolfo Torre Cantú en 2010, ex candidato a la gubernatura. En 2012 el PRI suspendió su militancia.

Eugenio Hernández Flores (2005-2010): Fue exonerado por la PGR junto con Cavazos por supuestos nexos con el narco, pero no ha logrado librar a laDEA que lo busca por lavado de dinero en el sur de Texas y recibir sobornos de los Zetas, fue señalado por elempresario mexicano Guillermo Flores Cordero, actualmente detenido.

 

Jalisco, Emilio González Márquez(PAN)

Recibió al estado con una deuda de 1, 412millones de pesos yla elevó a 16 mil 715 millones (2007-2013). Pero fue su marcada homofobia (dijo le daban “asquito”) ylas donaciones millonarias a la Iglesia Católica (WikiLeaks,2009)lo que lo llevó a la fama, sin olvidar la“mentada de madre” que recibió de miles de jaliscienses frente al Palacio de gobierno, luego de que señalara “que le valía madres” la opinión de sus detractores.

Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño (PRD)

Auto de formal prisión se le dictó en mayo de 2012 por peculado en agravio a la entidad que gobernó de 2005 a 2011. Siete meses estuvo en prisión, consiguió un amparo.

Pueblo, Mario MarínTorres (PRI)

Una conversación telefónica entre el empresario libanés KamelNacif–involucrado en una red de pederastia en Quintana Roo– y elex gobernador (2005-2011) evidenció el apoyo que éste último brindó a Nacif para la detención de Lydia Cacho (2005), periodista que denunció al empresario.La Suprema Corte de Justicia de la Nación eximió a Marín que dejó a Puebla una deuda de 9,000 millones.

Oaxaca, Ulises Ruiz (PRI)

El gobernador(2004-2010), prometió “cero marchas” pero enfrentó un conflicto magisterial(70,000 maestros plantados en el zócalo) que ocasión el cierre del 40% de establecimientos, 300,000 alumnos sin clases y 20 muertos.Fue acusado de por la secretaría de la contraloría y transparencia gubernamental, del desvío de 4 mil millones de pesos.

Yucatán, Patricio Patrón Laviada (PAN)

Durante su gobierno (2001-2007), priistas y miembros de algunos partidos que lo impulsaron (PRD, PT y PVEM) lo acusaron de desvió recursos destinados a damnificados por el huracánIsidore, yde beneficiar a panistas.

 

Querétaro, Francisco Garrido Patrón (PAN)

Durante su gestión (2003-2009) asignó 80% de las obras públicas a tres empresasy otras tantas fueron pagadas, pero no realizadas, denunció el actual gobernador José Calzada Rovirosa. También adquirió seis casas por 10 millones 360 mil pesos (su salario total fue de 7 millones 200 mil pesos).

El congreso local lo exoneró por el uso indebido de aviones del gobierno pero es investigado por el presunto desvío de 155 millones de pesos.

 

Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat (PAN)

Una fianza de 9.7 millones de pesosfue pagada en octubre de 2012 por el ex gobernador (2004-2010) ex panista (fue expulsado)para enfrentar en libertad las acusacionesde enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos como la “venta ilegal” a una constructora privadaterrenos delInstituto de Vivienda del Estado, la simulación del robo de un equipo de telecomunicaciones de 25 millones de pesos y de la compra de un tomógrafo de 13 millones 500 000 pesos quenunca llegó. En junio pasado fueron incautadas 7 propiedades en Estados Unidos adquiridas en 2009 por su hijo.

 

Quintana Roo, Mario Villanueva (PRI)

Encarcelado en Estados Unidos luego de que se le comprobara que durante su gestión (1993 -1999)lavara dinero y apoyara al cártel de Juárez en la introducción y almacenamiento de droga Colombiana con destino a los Estados Unidos. Se mantuvo prófugo hasta 2001.

 

Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía (origen priista)

De junio de 2011 a noviembre de2012 el exgobernador (llegó a la gubernatura la alianza de ocho partidos incluidos PAN, PRD, PT y Convergencia)estuvo preso por operaciones recursos de procedencia ilícita, defraudación (desvió 104 millones de pesos para la adquisición de propiedades) y el homicidio doloroso de24 recién nacidos en el hospital regional de Comitán, sin infraestructura neonatal por el desvío de recursos.

Veracruz, Fidel Herrera (PRI)

Conocido como elGoberzeta o Zeta-1, pues durante su mandato (2004-2010) se enquistó el narco y contrabando, se dice que recibió en apoyoilícito para su campaña por180 millones de pesos, según declaraciones del contador del Cártel del Golfo, José Carlos Hinojosa.Además dejó una deuda de 40 mil millones de pesos.

 

II: Artimañas administrativas

¿Qué ha posibilitado el surgimiento de los nuevos virreinatos?

Para el abogado Manuel Guadarrama, coordinador del área de Finanzas Públicas del IMCO, el primer factor es que tienen dinero asegurado por la Federación. “Los estados generan sólo el 9.6% de sus ingresos pero ejercen el 45.6% de los recursos disponibles. Del total de ingresos generados vía impuestos, solamente 2.5% es recaudado por las entidades; en cambio, en Estados Unidos o España, este nivel de gobierno recauda 20.7% y 23.1% respectivamente”.

“La recaudación es una actividad antipopular, pero en un federalismo real, agrega el politólogo Morales Oyarvide (UCM), recaudan y destinan recursos a entidades más pobres”.

Opacidad y endeudamiento

La falta de claridad en el uso de los recursos públicos, es otra constante. “Desde 2008 la Ley general de contabilidad gubernamental obliga a los estados a trasparentar sus gastos y armonizar los conceptos de finanzas públicas. Pero han solicitado prórrogas (en 2012 y 13), o cumplido parcialmente”, apunta Guadarrama.

Los gobernadores influyen en el nombramiento de los titulares del órgano superior de fiscalización de sus estados: “en 2012, en 21 estados, estos funcionarios fueron removidos a menos de un año en el cargo”, agrega Morales Oyarvide.

De ahí que el lMCO diseñara el IIPE cuya investigación arrojó que en seis años la burocracia en los estados creció 40% y que con aval del Congreso de la Unión los estados y municipios se quedaron con el Impuesto Sobre la Renta de los burócratas, que no retornó a las arcas federales.

En algunos estados los “gastos personales” de los gobernadores se incrementaron en 206 y 213%, mientras que en otros se auto otorgaban generosas cantidades al concepto “vida cara” del gobernador, y en algunos más se seguía brindando “ayuda para viudas y nanas de la revolución”, indica Guadarrama.

A la falta de transparencia le sigue el sobre endeudamiento, en ocasiones por encima del PIB nacional, y es que en la actualidad, según explica Guadarrama, no existe ningún límite de préstamos y tampoco se les pide indicar en qué lo gastarán.

Por otro lado, la mala calidad de la información de la SHCP, así como el secreto bancario, les permite contratar créditos con tasas de interés hasta 6.5%, por encima del mercado (3%), y en ocasiones sin el aval del Congreso”.

Para el experto del IMCO, los gobernadores “tienen la seguridad de que el gobierno federal les otorgará el dinero necesario para pagar. El 80% de los ingresos que los estados reciben de la Federación ya están etiquetados para el pago de su deuda”, señala.

Los especialistas consultados también coinciden en la urgencia de practicar auditorías antes, durante y después de los mandatos locales, así como evitar que los gobernadores incidan en los órganos de fiscalización. También que el Consejo Nacional de Armonización Contable exija la homologación, para tener estados financieros comparativos, y sin prórrogas dilatorias.

Un tope de endeudamiento dependiendo de la entidad, y la contratación de la deuda estatal mediante un sistema de subasta pública, son otras propuestas: “Así los bancos competirán por ofrecer comisiones más bajas y transparentes”, explica Guadarrama y enfatiza: “Los gobernantes deben entender que la transparencia es un círculo virtuoso que les otorgará credibilidad, así como la posibilidad de recaudar sus propios recursos sin la temible pérdida de popularidad”, sentencia Guadarrama.

 

III: Alianza non sancta

El crecimiento de la delincuencia organizada en los estados es una constante y aunque los mandatarios niegan esos vínculos, para Jorge Chabat del CIDE, es imposible entender el fenómeno sin la protección del Estado, incluidos los gobernadores.

Esta alianza non sancta, según Chabat, es un matrimonio de conveniencia entre un Estado débil y la riqueza de la delincuencia cuya amenaza principal no proviene de su poderío paramilitar, sino de los “cañonazos” de 50,000 pesos (o dólares) que suelen “disparar” entre los políticos timoratos.

Los Estados donde la delincuencia organizada ha penetrado, según Morales Oyarvide, han sido débiles físicamente porque han permanecido casi en bancarrota (por su pobre capacidad recaudatoria) ofreciendo servicios de mala calidad y sin buenas vías de comunicación, otorgando el aislamiento perfecto para la delincuencia, como en la Sierra Madre Occidental (Durango, Sinaloa, Chihuahua) y la cuenca del Balsas (Michoacán).

El Estado ha sido débil también institucionalmente, incapaz de imponer la ley a sus propios funcionarios exigiéndoles eficiencia, apego al estado de derecho, rendición de cuentas y estabilidad política, situación que según Chabat incuba economías informales que permiten transacciones financieras ilegales sin dejar rastro, dando paso a la discrecionalidad en las burocracias, que son así presas fáciles de la corrupción, con la consecuente protección a la delincuencia.

Y añade: el gobernador y sus alcaldes designan a los mandos policiales y mantienen a las corporaciones, salvo excepciones, con salarios bajos, sin prestaciones ni estabilidad laboral. “Un estudio de la SSP de 2010 evidenció que requerían para subsistir 10,000 pesos mensuales, pero ganaban 3,000. El resto (unos 1,000 millones de dólares anuales) provenía de sobornos o del crimen organizado”.

Para nuestros expertos el camino hacia un Federalismo funcional verdadero requiere de firme voluntad política para fortalecer a las instituciones. El primer filtro son los partidos políticos que deben evitar afiliarse a miembros con vínculos delincuenciales y resistir al financiamiento ilícito de campañas políticas, además de vigilar los desempeños de sus gobernadores, alcaldes, diputados y senadores.

Con todo, sí ha habido avances: la reforma político-electoral, que rompe con el control de los gobernadores sobre los órganos electorales de sus estados y la manipulación de los comicios, así como la policía estatal única con capacitación y equipamiento similares la policía federal, ingresos y ascensos claros, salarios dignos y prestaciones generosas.

El gobierno federal también tiene que crear los organismos de inteligencia para la vigilancia de los funcionarios y los delincuentes para desenmascarar a los políticos encubridores. “No basta la renuncia, hay que juzgarlos y los Congresos deben quitarles el fuero, aunque sean sus amigos”, define Chabat, quien declara con firmeza:

“El destino nos alcanzó y el riesgo de no recuperar el estado de derecho es que la ingobernabilidad que enfrentan Michoacán y Guerrero se extienda al país entero, deslegitimando no sólo al gobernador y al partido que lo postuló, sino a todo el Estado mexicano que ya está pagando el costo económico y político del desprestigio internacional”.